¿La Ley 2300 de 2023 en Colombia se relaciona con la Ley 1581 de 2012  o con la Ley 1266 de 2008?

¿La Ley 2300 de 2023 en Colombia se relaciona con la Ley 1581 de 2012 o con la Ley 1266 de 2008?

En los últimos años, las leyes relacionadas con la protección de los datos y la privacidad de los consumidores en Colombia han cobrado una importancia cada vez mayor.

Dos de las normativas más destacadas en este ámbito son la Ley 1581 de 2012 y la recientemente promulgada Ley 2300 de 2023. Sin embargo, existe una confusión común que vale la pena aclarar. La Ley 2300 de 2023 no se relaciona con la Ley 1581 de 2012, sino más bien con la Ley 1266 de 2008 y así se establece en el artículo 9 de la misma.

La Ley 2300 de 2023, titulada «POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS QUE PROTEGEN EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS CONSUMIDORES,» tiene como objetivo principal la protección de la intimidad de los consumidores, especialmente en lo que respecta a las prácticas de cobranza y el contacto con los mismos por parte de entidades financieras y personas naturales y jurídicas encargadas de la gestión de cobranzas.

Si bien es cierto que la Ley 1581 de 2012, conocida como la «Ley de Protección de Datos Personales,» es una normativa importante en el ámbito de la privacidad en Colombia, su enfoque está más relacionado con la regulación de la protección de datos personales y la manera en que las organizaciones deben tratar la información personal de los ciudadanos.

La Ley 1266 de 2008, por otro lado, es la «Ley de Habeas Data,» y se centra en el manejo de la información crediticia y financiera de los consumidores, estableciendo reglas para la recolección, tratamiento, circulación y protección de los datos relacionados con la situación financiera de los individuos.


La Ley 2300 de 2023 se conecta entonces directamente con la Ley 1266 de 2008 porque regula las prácticas de cobranza y el contacto con los consumidores en situaciones de incumplimiento de obligaciones financieras o crediticias, estableciendo así horarios, periodicidad y canales autorizados para contactar a los consumidores, con el fin de proteger su intimidad y evitar prácticas abusivas en el proceso de cobranza.

Para comprender mejor la diferencia entre estas leyes, imaginemos el siguiente escenario:

Supongamos que usted es un consumidor en Colombia que ha tenido dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y ha estado en contacto con gestores de cobranza. También, ha notado que ha estado recibiendo mensajes comerciales en su teléfono móvil y correos electrónicos relacionados con productos y servicios. En esta situación, tanto la Ley 2300 de 2023 como la Ley 1266 de 2008 entran en juego, pero en roles distintos.

La Ley 2300 de 2023 regula la forma en que los gestores de cobranza pueden contactarlo para recuperar deudas. Esta ley establece restricciones sobre los canales de comunicación que pueden utilizar, los horarios en los que pueden contactarlo y la frecuencia de los contactos. Además, prohíbe que lo contacten los domingos y días festivos, y limita la comunicación con sus referencias personales.

Esta ley se centra en proteger su intimidad y bienestar mientras lidia con sus obligaciones financieras. Por otro lado, la Ley 1266 de 2008 se ocupa de regular la información crediticia, como su historial de pagos, sus deudas y su calificación crediticia. Esta ley establece cómo se recopila, almacena y comparte esta información y garantiza que se utilice de manera justa y precisa en la toma de decisiones crediticias por parte de las entidades financieras.

En este caso, la Ley 1266 se preocupa por garantizar que su información crediticia sea precisa y utilizada de manera justa, lo que afecta directamente su capacidad para obtener crédito. En resumen, la Ley 2300 de 2023 se enfoca en proteger su intimidad y regular las prácticas de cobro, mientras que la Ley 1266 de 2008 regula su información crediticia.

Ambas leyes trabajan juntas para proteger sus derechos y privacidad, pero en diferentes aspectos de su vida financiera. Es esencial comprender estas diferencias para asegurarse de que sus derechos estén protegidos en todas las áreas relevantes.


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