La Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales marcó un hito en la regulación panameña al establecer principios, derechos y obligaciones para el tratamiento de datos personales en el país. Aunque su entrada en vigor fue en marzo de 2021, es en 2025 cuando se consolida su implementación plena, con acciones más rigurosas por parte del organismo de control y una respuesta más estructurada por parte de las organizaciones.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), encargada de velar por el cumplimiento de esta ley, ha intensificado sus labores de supervisión. En los últimos meses, ha desplegado auditorías a empresas de sectores sensibles como salud, banca, telecomunicaciones y comercio electrónico. Estas revisiones buscan verificar que las organizaciones cuenten con políticas de privacidad claras, mecanismos de obtención de consentimiento válidos y medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales que manejan.
Además, la ANTAI ha lanzado campañas de sensibilización dirigidas tanto a empresas como a ciudadanos, ello con el objetivo de fomentar una cultura de respeto por la privacidad. Se han realizado seminarios, talleres y capacitaciones sobre diversos temas como son: la gestión de riesgos, la elaboración de evaluaciones de impacto a la privacidad (EIPD), y la adopción de programas de cumplimiento normativo. Así mismo, se ha habilitado una plataforma digital para la recepción de denuncias por vulneraciones a la ley, lo que ha incrementado la participación ciudadana en la vigilancia del cumplimiento.
Ante este panorama, las organizaciones, ya han comenzado a responder con mayor seriedad, muchas de ellas, contratando oficiales de cumplimiento (DPO) y adoptando sistemas automatizados para el control de la gestión PDP, siendo esto último indispensable para disponer métricas reales que permitan conocer en todo momento el nivel de cumplimiento.
Los resultados esperados de esta implementación plena son ambiciosos pero necesarios, ya que se busca reducir significativamente tanto los incidentes de filtración, como el uso indebido y la comercialización no autorizada de datos personales, lo que fortalecerá la confianza de los ciudadanos en un ecosistema digital en el que la privacidad es un derecho garantizado y no una excepción.
En definitiva, Panamá está dando pasos firmes hacia una cultura de protección de datos personales más robusta y alineada con estándares internacionales. La Ley 81 de 2019 ya no es solo un marco normativo: es una herramienta viva que exige compromiso, responsabilidad y adaptación constante por parte de todos los actores involucrados. ¿Y tú estás participando en esa transformación?
Fortalecer la cultura de privacidad no depende solo de las leyes, sino de quienes las aplican día a día. Si tu organización busca consolidar su cumplimiento o medir su nivel de madurez en protección de datos, es momento de dar el siguiente paso y hacerlo con método y evidencia.
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