Uno de los grandes dolores de cabeza que experimentan los individuos que viven en nuestro país, tiene que ver con la protección de los datos personales y el fenómeno de la suplantación, ello producto de la dificultad de validar que una persona en particular es quien dice ser. A excepción de los procedimientos que se practican a nivel bancario y notarial, en los cuales se lee la huella dactilar del individuo para que esta se pueda enviar a la Registraduría del Estado Civil y allí se compare con los registros de ciudadanía, el proceso de identificar a alguien presenta cierta dificultad.
El comercio en general no tiene ni capacidad ni recursos técnicos para validar la huella de una persona y sí que menos, para verificar que quien está presente en un establecimiento es el mismo que aparece en la foto del documento de identificación, y es que no solo cambiamos en el tiempo, sino que alguien cambiando su peinado y colocándose algo de maquillaje podría fácilmente parecerse a otro.
Producto de la problemática presentada y del gran número de denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de suplantación, la Registraduría del Estado Civil Colombiano implementó la cédula digital, convirtiéndose ésta en un mecanismo de identificación que es bastante eficiente y que brinda facilidades desde el punto de vista técnico y práctico.
Pero entonces ¿Cómo es que la cédula digital facilita el proceso de validar la identidad de una personal? El procedimiento de validación con la cédula digital es más simple y exacto, dado que los elementos de verificación (rasgos fáciles) no generan inconvenientes como los que si ocurren con las huellas dactilares (baja nitidez, imagen desplazada, o dedos con el relieve desgastado). Por otra parte, la cédula digital cuenta con un código QR cifrado que registra tanto la información biométrica del titular como la de misma seguridad del documento; es por esta razón que es bastante difícil falsificarlo. Con este código QR cualquier comercio podrá verificar la autenticidad del documento y la correspondencia con el titular.
Para procesos tanto bancarios, como de notarías y entidades públicas la autenticación del titular ahora se hará mediante verificación del rasgo facial a través de una cámara y no de un lector de huella digital.
Desde un punto de vista práctico, la cédula digital se podrá asociar con algo que se conoce como Carpeta Ciudadana Digital (CCD), permitiendo así que el ciudadano almacene en forma segura toda la información relacionada con sus interacciones frente a las entidades del estado, y consulte el histórico de trámites y solicitudes realizadas a entidades públicas. Como esta facilidad no es uso obligatorio, entonces el titular mantendrá la facultad de autorizar o no su uso.
En caso de aceptar el almacenamiento, el titular deberá registrarse ante la Agencia Nacional Digital (AND) para así crear y activar el servicio de Carpeta Ciudadana Digital, servicio que está gobernado por la Ley 1581 de protección de datos personales y el decreto 1078 de 2015 que establece el modelo de Servicios Ciudadanos Digitales Básicos y Especiales, por lo que todos los principios, derechos y deberes del titular, más las garantías constitucionales que da la Ley PDP se mantendrán para este proceso de tratamiento de información: pública, privada o semiprivada, según corresponda.
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